Ley 3de3:


Iniciativa para la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

 

Estimados clientes y amigos:

 

Les informamos que actualmente se encuentra en discusión en el Senado de la República una iniciativa ciudadana denominada “LEY 3DE3”, la cual tiene como finalidad combatir la corrupción.

 

La página web oficial de esta iniciativa es www.ley3de3.mx, en ella se invita a los ciudadanos a descargar el formato correspondiente para que participen y apoyen con su firma para promover esta iniciativa. Adicionalmente, se pone a disposición de los ciudadanos la información de contacto de los senadores que son integrantes de las tres comisiones que actualmente discuten las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

La iniciativa de Ley fue elaborada por un grupo de expertos participantes provenientes de diferentes instituciones, entre las que destacan las siguientes:

 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO);

Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE);

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM);

Tecnológico de Monterrey;

Concejo Coordinador Empresarial (CCE);

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex);

 

Sujetos obligados: De conformidad con el artículo 5 de la iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas son sujetos de responsabilidad los siguientes:

 
 

I. Los servidores públicos federales, tales como: los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal.

II. Los servidores públicos que forman parte de los órganos que integra el Sistema Nacional Anticorrupción.

III. Los servidores públicos adscritos a los órganos autónomos.

IV. Los servidores públicos de los gobiernos locales y municipales, así como cualquier órgano o institución que dependa de estos.

V. Las Empresas Productivas del Estado.

VI. Las asociaciones, sindicatos u organizaciones que tengan a su cargo la asignación, administración y ejecución de recursos públicos.

VII. Los candidatos, partidos políticos, asociaciones y personas electas para el desempeño de un cargo público y que manejen recursos públicos.

VIII. Las personas que forman parte de los equipos de transición federal, local y municipal, quienes serán considerados como servidores públicos a los efectos de esta ley.

IX. Los particulares que incurran en conductas descritas como graves por esta Ley General. En el caso de las personas morales se entenderá que cometen faltas administrativas graves constitutivas de corrupción cuando sus representantes pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para la persona moral.

 

Los aspectos centrales en los que se enfoca la Ley 3de3:

 

I. Obligar a los servidores públicos a presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, de forma periódica y pública.

II. Establecer un manual de conducta ética para los servidores públicos.

III. Establecer medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales para evitar los actos de corrupción.

IV. Crear mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.

V. Elaborar una clasificación de lo que se entiende por actos de corrupción grave.

VI. Dotar a las autoridades responsables de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción.

VII. Establecer el procedimiento para la investigación de actos de corrupción.

VIII. Establecer el procedimiento que se deberá seguir ante el Tribunal de Justicia Administrativa al que se le turne el expediente en cuestión.

IX. Creación de un Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados, el cual deberá ser público y de consulta obligatoria para todas las dependencias, entidades y órganos de todos los Poderes, Órdenes de gobierno, y Órganos Autónomos del Estado Mexicano, así como de las empresas productivas del Estado, en sus procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo de cualquier persona.

X. Impone sanciones para servidores públicos que cometan actos de corrupción y establece criterios para determinación de las mismas.

XI. Promueve una mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción.

 
De conformidad con la iniciativa de ley, serán consideradas como faltas administrativas graves constitutivas de corrupción las siguientes actividades:
 

I. Soborno;

II. Peculado y Desvío de Recursos;

III. Tráfico de Influencias;

IV. Abuso de Funciones;

V. Enriquecimiento Oculto;

VI. Obstrucción de la Justicia Administrativa;

VII. Colusión;

VIII. Uso de la Información o Documentación Falsa o Confidencial;
IX. Nepotismo; y

X.  Conspiración para Cometer Actos de Corrupción.

 

 

Sanciones: Las sanciones a las que se podrán hacer acreedores son las siguientes:

 

I. Amonestación.

II. Sanciones económicas.

III. Resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.

IV. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año.

V. Suspensión de actividades, disolución o intervención de sociedades.

VI. Destitución del puesto.

VII. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

VIII. Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, recibir subsidios, donativos, u otros beneficios que establezcan las leyes.

 

Para más información sobre el contenido de esta disposición, les invitamos a contactarnos.

 
 

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